Las cuentas claras

 

 Por Luiyith Melo García

 En esta ‘feria’ de inquietudes que ‘alumbra’ la gestión de la Alcaldía en diciembre pasado y tiene indignada a una ciudad, lo mejor para el alcalde es explicar clara y púbicamente sus actuaciones en relación con el manejo de los dineros públicos, sin soportar más desgaste ni esperar que una autoridad fiscal y de control le venga a dar una manito y lo absuelva, como seguramente va a ocurrir.

La presión ciudadana es elocuente. La exigencia insistente de los caleños para que rinda cuentas de una inversión multimillonaria en plena pandemia que no les resulta clara es más que necesaria: es una obligación del gobernante con quienes gobierna.

Es hora de que rinda cuentas sobre los controvertidos gastos de la Feria virtual y el alumbrado móvil, no solo porque ya cerró su primer año (aunque tenga un generoso plazo legal para hacerlo), sino porque el estallido de la bomba social de la desconfianza y la sombra (ojalá que no) de la corrupción, así lo exigen. Es más sano que destape las cuentas de una vez, revele los contratos, muestre las facturas contra gastos y le calle la boca a quienes le reclaman, que desgastarse en peleas callejeras, rumores de pasillo o alegatos en redes sociales, ofendiendo al otro sin mayores argumentos, descalificándolo de todas las formas posibles por Twitter y reconociendo enemigos políticos en todos lados.

 Un gobernante serio y digno no necesita enredarse en las minucias ni dejar que prolifere la duda alrededor de su gestión de gobierno, simplemente por el hecho de ocultar lo que debe ser público. Las respuestas deben ser claras y precisas, con la altura que debe tener la figura que un pueblo escogió para representarlo y dirigirlo.

 Nuestro alcalde debe reconocer que la democracia es eso: es opinar, reclamar, exigir cuando se debe. Y el demócrata es no solo el que permite esa lógica participativa de la sociedad, sino quien responde a ella con grandeza y con verdad. No somos “fascistas” los que denunciamos y reclamamos respuestas, como nos lo ha dicho en las redes sociales, ni “pajudos”, como también nos ha calificado por narrar los hechos con sustento periodístico. Se me hace que tiene los conceptos trocados o, como dirían los sicólogos, podría estar teniendo un episodio proyectivo, al mirarse a sí mismo al espejo.

Nuestra intención -y creo que también la del ciudadano del común- no es perseguir o criticar por criticar. El ciudadano que vota, participa del estado democrático y paga impuestos, tiene derecho a vigilar la conducta del gobernante y a pedirle cuentas sobre sus actos y sobre el manejo de los recursos públicos. Y, en el mismo sentido, la prensa está en su derecho de cumplir con su deber de preguntar y exigir respuestas, como pilar fundamental de libertad y expresión de la sociedad en que se desenvuelve. Ese es su papel.

Yo invito a alcalde a que tenga este gesto de grandeza y responsabilidad con Cali y los caleños, porque, de lo contrario, lo que veremos será una administración en duda y en permanente pugilato, un quijote caricaturesco peleando contra los molinos de viento, blandiendo su espada contra enemigos reales e imaginarios que él mismo va creando en su afán por descalificar y justificar lo injustificable. Polarizando una vez más la lucha social por el progreso y el desarrollo, con una tergiversada concepción de lucha de clases.

Cuéntenos, para empezar, cómo fue que se gastaron finalmente los $11.300 millones de la feria, cuánto se les pagaron a las tres orquestas internacionales que mandaron sus videos, esas que le cantaron a Cali desde el mundo, y a las nacionales que le cantaron al mundo desde Cali. Muéstrenos esos contratos y los recibos debidamente diligenciados de los miles de artistas que, como bien dice, “tuvieron su plato de comida en este diciembre” y de la cadena logística y artísticas que montó semejante feria virtual.

O los ingentes gastos que demandaron el diseño y montaje del alumbrado móvil que, según el gerente de Emcali, absorbieron el 95 % de los $10.300 millones de la inversión. Porque ahora nos quieren devolver solo $170 millones por 9 de los 30 días que dejaron de alumbrar los barrios de Cali, diciéndonos que esa parte del contrato solo costaba $500 millones, y que de allí hay que prorratear y restar para devolvernos el saldo. Como si el detrimento patrimonial y la responsabilidad integral no fueran de contratista y contratante, sino de nuestro erario caleño.

Sería más sencillo poner los contratos y facturas sobre la mesa, que esgrimir por redes palabras de ataque como respuesta para convencernos de que su actuación fue honesta y dejarnos como “pajudos”, a la brava.

Esto no se trata de diferencias ideológicas, ni de enemistades políticas ni de ganas de molestar. O de enemigos conscientes, inconscientes o ideológicos como los quiere categorizar. Se trata de los recursos de todos, de respeto, de decoro, de la conducta y el deber del funcionario que está al escrutinio público y tiene que responder por ellos ética, legal y constitucionalmente.

Bastante desgaste tiene ya el gobierno ante la opinión pública por su particular estilo de administrar y, sobre todo, el estado municipal y la ciudad que están por encima de una administración, como para agregar otra epidemia de gobernabilidad a la pandemia sanitaria, económica y social que nos está dejando este virus caprichoso.

CALI 24 HORAS, enero 13 de 2021