Cali, bajo intervención

 

Por Luiyith Melo García

La intervención de la Contraloría General de la República en la contratación de Emcali de los últimos tres años es una buena noticia para la verdad y transparencia de la empresa, pero una mala noticia para la gestión de los órganos de control de la ciudad.

El hecho de que desde Bogotá tengan que venir auditores a revisar los contratos y convenios con la lupa que aquí no tuvo la Contraloría local para hacerlo, es una decisión que deja bajo sospecha no solo la gestión administrativa de Emcali, sino el control fiscal de quien debe ocuparse ordinariamente de esa labor que es la Contraloría de Santiago de Cal.

Claramente, no hay confianza en los procesos administrativos de la empresa para contratar las obras y servicios que licita o contrata directamente o a través de terceros mediante convenios. Pero tampoco la hay en quien tiene la obligación legal de auditar con rigor esos procesos para garantizar la transparencia de la gestión administrativa, el buen resultado de las obras y el respeto de los recursos de los ciudadanos.

Ahora, según se nos informa, la Contraloría General de la República ha llegado desde Bogotá para revisar 34 procesos contractuales de Emcali del 2019 a la fecha y lo hará durante los próximo seis meses, cuando esperamos que se tenga un informe claro e imparcial sobre esa gestión contractual, hoy en tela de juicio.

Con esta decisión, la Contraloría Municipal pierde la competencia para conocer de los asuntos de Emcali y esta pasa a ser competencia exclusiva del órgano nacional. Ahora se van a escrutar los convenios y contrataciones hechos por la entidad, incluidos los del polémico alumbrado de 2020, el aparentemente desventajoso convenio con la ERT, el curioso convenio con la Secretaría de Infraestructura para pavimentación de vías y, por supuesto, la sorprendente relación de Emcali con contratistas del consorcio Centros Poblados que tumbó al Ministerio de las TIC en $70.000 millones de pesos, entre otros procesos.

Lo que se sabe es que algunos de los contratos en cuestión fueron entregados a un solo oferente o no habrían cumplido con el rigor normativo de concursos para su adjudicación. O se entregan a un mismo contratista como si no hubiera más, según denuncias de algunos concejales. Ojalá que el ataque cibernético de los últimos días no haya destruido las evidencias.

Por todo lo que se dice, se hace y se deja de hacer en Emcali fue que la Comisión Séptima del Senado aprobó el pasado 12 de octubre la petición a la Contraloría General de la República de que ejerza un control excepcional sobre la empresa caleña.

Otros abogados y veedores ciudadanos han sugerido una intervención similar de la Procuraduría en las investigaciones de la Personería Municipal de Cali, que tampoco ha dado resultados efectivos en la parte disciplinaria sobre los escándalos que envuelven esta administración.

El personero ha dicho que el año pasado sancionó a tres secretarios (Bienestar Social, Desarrollo Económico y Dagma) por conductas administrativas relacionadas con la pandemia, en algunos casos mediante procesos cuestionables sobre los cuales los propios afectados pidieron intervención de la Procuraduría.

Pero al igual que en la Contraloría, en los escándalos de corrupción evidentes de la administración no hay resultados en la Personería. No hay un solo responsable sancionado por ese despacho. El personero dijo este año que tenía 456 investigaciones en su despacho, de las cuales cerca de 70 corresponden a esta administración. Pero aparte de casos ordinarios y menores y el ‘apretón’ a algunos funcionarios, no hay señales de actuación disciplinaria de la Personería frente a tanto desafuero y despilfarro.

Por el contrario, el mismo personero entró en el circuito de la maña y el derroche con la celebración de un contrato interadministrativo con la Imprenta Departamental para dotar su oficina y comprar equipos por más de $1663 millones a finales de diciembre pasado, a precios elevados y con valores inflados nuevamente al momento del ingreso de los productos al almacén de la Personería.

Pero no solo eso. Es que hasta en la seguridad de Cali se ha pedido la intervención del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Defensa para que ponga orden en la ciudad donde no parece haber suficiente autoridad y voluntad para hacerlo.

En debate en el Concejo el pasado 28 de junio, la Policía reconoció que la ola delincuencial presentada en Cali a la par con la protesta social durante el paro del 28 de abril desbordó su capacidad. Es decir, no la pudieron controlar. El alcalde admitió que la ciudad se le salió de las manos por unos días y el personero aceptó que en varios casos no garantizó los derechos humanos por amenazas de la ‘Primera Línea’.

Durante ese periodo surgieron 34 nuevas bandas en la ciudad donde hay más de 180, según el mismo reporte de las autoridades. La delincuencia creció y hoy siembra el terror en las calles. Los homicidios sobrepasaron esta semana la cifra de mil en lo que va corrido del año, un 17,2 % más que en igual periodo del 2020. Pero además es que hay más de 13.000 denuncias por hurto a celulares (muchos no se denuncian), el robo de motos se disparó en un 13,5 % y el asalto a entidades bancarias en un 50 %, según informe de Cali Cómo Vamos. El panorama es de miedo y la gente no siente protección.

Y hasta en Metrocali que maneja el sistema de transporte masivo se ha pedido intervención del Gobierno Nacional, porque más allá de la crisis que generó la pandemia, no se ve capacidad de gestión de la empresa ni voluntad de la alcaldía para sacar adelante el sistema que le ha costado más de 3 billones de pesos a los caleños e inversionistas que siendo privados responden por un servicio público.

Aquí queda la sensación, finalmente, de que una autoridad superior, más decidida e imparcial, tendría que venir a poner orden en una ciudad desamparada y una administración que no ha hecho lo suficiente para garantizar la vida y la convivencia de sus ciudadanos. Al menos mientras la voluntad popular toma otra decisión en las urnas si es que asimila esta lección.

 

CALI24HORAS, octubre 28 de 2021