Del pretexto fiscal a la protesta social

 Por Luiyith Melo García

Un sabor agridulce nos queda en el paladar con el desarrollo de la protesta de ayer en Cali contra la reforma tributaria. Por un lado, el dulce sabor del legítimo rechazo de los ciudadanos a una propuesta gubernamental que sienten injusta, inequitativa y lesiva para sus intereses económicos. Y, por otro lado, el agrio sabor por el comportamiento de un puñado de individuos que aprovechan estas movilizaciones sociales para cometer desmanes, destruir bienes públicos y privados, y saquear comercios.

En el primer caso, es legítimo que los ciudadanos acudan a las movilizaciones sociales para manifestar su malestar o inconformismo con decisiones del Estado que les afectan. Es el legítimo derecho fundamental a la protesta consagrado en la Constitución, que torpemente una magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca quiso conculcar con socorridos argumentos de los que ni ella misma estaba segura. Como si le estuviera haciendo un favor político a alguien porque jurídicamente dejó mucho qué desear a simple vista y a la luz de los críticos expertos.

Y, en el segundo caso, el desbordado comportamiento de individuos que no defienden ideas, ni reclaman derechos, sino que se vuelven agresores funcionales, que pasan del dicho al hecho, y terminan vandalizando y destruyendo bienes públicos y privados, desfogando en ellos su ira e inconformismo para manifestar de esta manera su rechazo con aquello por lo cual los demás protestan en forma civilizada. Una consabida forma de lucha antisocial que niega el juego intelectual de los argumentos y la proporcionalidad de las vías de hecho.

Cuando se rompe esa proporcionalidad, --que en la cartilla tradicional tenía que ver con los brazos caídos o la para en el trabajo y en todas las actividades, la toma de las vías públicas, las arengas y consignas-- y, en cambio, se acude a la destrucción y el vandalismo, al hurto y el saqueo, se traspasa entonces la frontera de lo penal y se incurre en delitos.

Para el comerciante que sufre la destrucción y pérdida de su negocio por cuenta de estos vándalos es difícil entender la legitimidad de este tipo de protestas. Lo mismo que para el trabajador que no encuentra cómo llegar a su trabajo o regresar a casa después de la jornada laboral. Y ni qué decir para las fuerzas del orden que deben manejar un protocolo de intervención enmarcado en el respeto a los Derechos Humanos, ante el desafío de los excesos y agresiones en su contra.

Por eso es que ha surgido la tentación desde algunos sectores poco democráticos de reglamentar un derecho fundamental como es el derecho a la protesta, y la forma de hacerlo es creando delitos como el vandalismo o reiterando otros que ya existen en el Código Penal como la violencia contra servidor público o contra bienes públicos.

Como dijo Dejusticia en uno de sus análisis, “no creemos que la forma de reglamentar un derecho fundamental, como lo es la protesta social, sea por medio de la creación de delitos. Menos aun cuando es un derecho que se relaciona directamente con otros, como la libertad de expresión, de asociación y de reunión”.

La creación de un nuevo delito no garantiza que se eliminen los hechos de violencia dentro de las manifestaciones; por el contrario, impone mayor carga al sistema judicial y limita su capacidad de respuesta, advierte la entidad.

Así que, en vez de estar pensando en la reglamentación amañada, por la excepción y no por la regla, de un derecho inalienable para un hijo de la todavía existente democracia colombiana, más bien se debería pensar en un protocolo que ayude a la coordinación de las acciones de respeto y garantía de la protesta pacífica, con estricta sujeción a la protección de los Derechos Humanos.

Y para los desadaptados que desbordan los límites de la protesta social y se convierten en vándalos y delincuentes, el tratamiento correspondiente de la ley penal. Para ellos, no para la protesta que suele estigmatizarse con su conducta.

Más allá de todo, los gobiernos y toda la estructura social deben reflexionar sobre la forma en que se están conduciendo, porque el fondo del levantamiento de la gente tiene que ver con eso: con inequidades, desigualdades, injusticias y falta de oportunidades, que están relacionadas con la acumulación de capital a expensas del usufructo y explotación de esa gran masa, sin debida retribución. Y con la corrupción estatal y privada que chupa como sangre los dineros que deben invertirse en desarrollo y bienestar general.

Por eso cuando se presenta una reforma tributaria como la que llevó el gobierno al Congreso con la pretensión de que los que pongan sean la clase media y los que menos tienen, con el gravamen a sus alimentos y sus pensiones mientras los grandes capitales no aparecen poniendo por ningún lado, no se puede esperar menos que un malestar ciudadano que se manifiesta en protestas y marchas como la de ayer.

Peor malestar cuando sabemos que lo que estamos financiando no solo es el hueco fiscal de las exenciones dadas por el Estado a los ricos y sus empresas, y a los capitales extranjeros que se llevan para su casa todas las ganancias, sino también a los políticos sinvergüenzas que se roban 60 billones de pesos cada año del Producto de los Brutos Internos (PBI) que sí le hacen mella al Producto Interno Bruto (PIB) y no nos deja crecer de verdad.

Así que aquí lo que hay que reglamentar no es la protesta social, sino el pretexto fiscal para robar y, en consecuencia, no solo perseguir a los vándalos que se aprovechan de aquella, sino a los bandidos que se lucran de este y generan todo este desastre nacional.

 

CALI24HORAS, abril 28 de 2021