El fantasma de la planeación

 Por Luiyith Melo García

Cali ha crecido (y decrecido) a golpe de invasión, de colusión y de corrupción. Las recientes denuncias del director de Planeación Municipal sobre alteración de firmas y certificados como usos del suelo, la suplantación de usuarios informáticos para acceder a sus sistemas internos a fin de alterar y expedir documentos oficiales, y la reciente revelación de algunos concejales sobre una sospechosa actuación del propio director de la dependencia (que, paradójicamente, había hecho las anteriores denuncias públicas), favoreciendo ante una curaduría un proyecto privado de vivienda sin licencia, dejan mucho que desear.

Esto nos devuelve al pasado cuando algunos directores de Bienes Inmuebles del Municipio denunciaron la existencia de mafias enquistadas en el Estado conformadas por funcionarios, abogados y negociantes privados de la tierra, que se concertaron para especular con el territorio, desaparecer o alterar registros de propiedad en la base de datos de Bienes Inmuebles del municipio, enajenar predios a favor de particulares con dudosas escrituras que levantaban en notarías y registraban luego en la Oficina de Instrumentos Públicos.

Posteriormente, con la anuencia de algunos funcionarios, tramitaban certificaciones, permisos y licencias para construir esos predios, hacer proyectos urbanísticos o seguir especulando con ellos en la compraventa del mercado inmobiliario.

De esta manera, el municipio perdió lotes, baldíos, zonas verdes y áreas legalmente cedidas por constructores a la municipalidad y que esta finalmente no podía custodiar. Se borraban de su archivo patrimonial o simplemente cambiaban de dueño en forma extraña.

El asalto al patrimonio público quedó documentado en las denuncias que hizo en su momento y aún sigue haciendo el ex director de Bienes Inmuebles del Municipio, Claudio Borrero Quijano, las cuales puso en conocimiento del mismo Estado, de la justicia y de los órganos de control que casi nunca actuaron para defender el patrimonio público enajenado.

Otra práctica bien conocida es la expedición de conceptos, certificaciones y toma decisiones institucionales que desafían las normas legales y del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, para beneficiar a desarrolladores urbanos. Uno de esos casos fue el que hizo público estos días el concejal Juan Martín Bravo quien denunció la construcción del proyecto urbanístico Tarragona que construye 300 apartamentos en un predio que estaría en comprensión de la zona de reserva y protección ambiental del río Cali en el norte de la ciudad.

En su criterio ese proyecto estaría violando el artículo 252 del POT que lo declara de reserva forestal y que, al parecer, por decisión de un funcionario de Planeación habría sido desafectado y su uso del suelo cambiado para permitir su desarrollo urbanístico. Lo que trae a discusión la no poco frecuente violación de ese Plan de Ordenamiento Territorial con interpretaciones amañadas y correcciones cartográficas o de otro tipo por parte de funcionarios que no tienen la competencia para su modificación.

El POT es la guía superior para gestionar el desarrollo del territorio y debe acatarse, respetarse y defenderse. Si es necesaria su revisión debe hacerse como corresponde, con los criterios técnicos y jurídicos, los procesos y procedimientos administrativos correspondientes, que incluyan una amplia discusión pública y transparente en la que participen todos los estamentos sociales, económicos, académicos y gubernamentales que deban participar.

Pero lo que no se puede permitir es que la corrupción siga marcando el derrotero y gestionando el desarrollo territorial y urbanístico de la ciudad a la medida de las necesidades de los corruptos. Desde la promulgación de un concepto como el que dicen que se apuró a dar la dirección de Planeación Municipal a una curaduría sobre un plan habitacional que aún no tiene licencia, hasta la desafectación de un territorio para darle vía libre a su construcción en la que el promotor se gane los beneficios que implica esa decisión.

Como ocurrió hace más de 8 años con la decisión sustentada en el POT de incluir al mapa urbano, fincas y hacienda rurales o suburbanas del suroriente de Cali para desarrollar ahí planes de vivienda. Toda la nueva Cali del Valle del Lili, Bochalema y Ciudad Pacífica, está allí incluida. Y la plusvalía que le generó esa decisión a los dueños la de la tierra al multiplicar su valor por cien o por mil veces su precio anterior, no fue retribuida al erario caleño. Más de $90.000 millones de ese impuesto, según las cuentas, habrían sido evadidos por sus beneficiarios.

A lo mejor las dinámicas urbanísticas y sociales de hoy han cambiado significativamente y demandan decisiones institucionales acordes a la nueva realidad. La pandemia, la recesión, la movilidad social urbana y regional, y la migración venezolana parecen haber alterado la estructura social, económica y territorial sobre las cuales el POT tomó decisiones hace 7 años. El crecimiento conurbado de la ciudad con los municipios vecinos muestra otra dinámica y siguen por resolverse otras variables como la movilidad vial, la seguridad, los servicios públicos y el medio ambiente. Entonces habría que revisar.

Esta semana, por ejemplo, otros cabildantes advirtieron sobre la pérdida de oportunidad que tendría el municipio para construir 8 mil viviendas de desarrollo prioritario y de interés social en el área de Cascajal que estaría dispuesto a financiar el Ministerio de Vivienda, y no lo ha hecho por falta de una decisión habilitante del POT que hoy no existe, según se denunció.

Algo que no se entiende, porque lo que vemos de unos años para acá es un proceso de urbanización acelerada en esa zona de expansión por parte de constructoras privadas que ofrecen programas habitacionales a diestra y siniestra. Y lo hacen, pese a que no hay suficiente claridad sobre las soluciones a las cargas urbanas que generan en movilidad, servicios públicos, equipamientos insuficientes e impactos ambientales en una zona llena de acuíferos, humedales, bosques y zonas verdes. Son temas que aún no están resueltos y, sin embargo, se sigue urbanizando a expensas de ese mismo POT que, paradójicamente, no permitiría el desarrollo de vivienda social en Cascajal.

Mientras tanto, los fantasmas informáticos, los mercados inmobiliarios coludidos y la mano invisible del desordenamiento territorial siguen tomando decisiones urbanísticas en una ciudad cuyo crecimiento amañado parece que hicieran decrecer la calidad de vida de su población.

 

CALI24HORAS Marzo 11 de 2021