¿Y quién controla al control político?
Por Luiyith Meo García
El control político a la gestión pública del gobierno es la
principal función que tiene el Concejo, que en virtud de esa facultad ejerce un
contrapeso a la actuación del alcalde y los secretarios, velando porque hagan
las cosas con sujeción a la Constitución, la Ley, las normas establecidas y la
conveniencia administrativa, social y económica.
Esa es una responsabilidad mayor dada por los caleños que
eligieron a 21 concejales para que cumplan esa tarea en nombre de la ciudad y
le respondan a ella con la garantía del cumplimiento de su misión. Algunas de
esas tareas tienen que ver con que se cumpla el Plan de desarrollo y el
programa que el gobierno se comprometió a implementar cuando se hizo elegir.
Para eso se hace control político, que es como una salida al
tablero del alumno a presentar la lección. Pero eso requiere de evaluadores
serios, éticos y competentes que puedan tomar la tarea, profundizar en los
temas, hurgar en esos resquicios o zonas oscuras que no se quieren mostrar, en
las gestiones pendientes o sobrantes, las cifras que no cuadran, las que se
ocultan, las que faltan por resolver.
Sin embargo, la historia del control político en la ciudad
durante los últimos años, desafortunadamente, no arroja resultados alentadores.
Como ya lo hemos publicado en este diario, el Observatorio Cali Visible de la
Universidad Javeriana, que hace seguimiento a la gestión del Concejo de la
ciudad, rajó su gestión el año pasado en materia de control político.
Pese a que en 2020 (primer año de Ospina) hubo un incremento
en el número de proposiciones de control político que sumaron 216 citaciones
frente a las 89 que se realizaron durante el primer año del gobierno de Maurice
Armitage, tan sólo 136 de ellas se llevaron a cabo; es decir, hubo un 63% de cumplimiento
en esa labor, pero ninguno tuvo un efecto relevante sobre la marcha de la
administración. No se corrigió el rumbo.
De allí que el informe de Cali Visible advierta que “los
debates en plenaria de control político deben caracterizarse por ser oportunos,
precisos, públicos y derivar en conclusiones y compromisos por parte de los
funcionarios citados, elementos que no son característicos de los debates del
Concejo de Cali”.
Los resultados del primero año de control a la actual
administración municipal así lo evidencian. Cuando hicimos el balance del
Concejo durante ese periodo, en un muestreo del 40% de los debates de control
político se encontró que los concejales concentraron su actividad en temas de
planeación, educación, seguridad y justicia, ambiente y desarrollo. Por el
contrario, les prestaron menos atención a temas como el sistema de transporte
masivo MIO, infraestructura, Emcali y la polémica contratación directa que dominó
la gestión gubernamental el año pasado, la cual tuvo un solo debate a pesar de
los escándalos, pero sin ningún efecto correctivo.
A este último grupo de temas le dedicaron solo el 9 % de la
agenda de control político y, como se ve claramente en la inconformidad de la
gente y en los mismos escándalos que han estallado en la propia administración
municipal, en este grupo están los problemas que más agobian a la ciudad,
incluido, por supuesto, el de la inseguridad que sí aparece en el grupo de
temas más debatidos con 13 citaciones en 2020. Pero, igual, sin resultados
positivos.
A Emcali, también ignorada por el Concejo, parece que no le
cabe un cuestionamiento más. Tanto que el concejal Roberto Rodríguez, que no
está precisamente en la oposición al gobierno, dijo en los últimos días que “es
vital que se programe con carácter urgente el debate de control político a
Emcali” al advertir que en sus procesos contractuales “hay demasiadas
inquietudes, reclamos y expresiones que aseguran que habría un manejo de
favorecimiento a contratistas”. Algo le huele mal allí al cabildante, como a
muchos en la ciudad.
Ni qué hablar de los convenios interadministrativos a través
de los cuales la administración municipal orientó la mayor parte de su
contratación el año pasado, para eludir concursos abiertos y de méritos como la
licitación pública, por lo cual aparecen entidades como Corfecali comprando
muebles, computadores y suministros para comunicaciones que no tienen nada que
ver con su función ni objeto social o empresarial. Para no hablar de los
controvertidos contratos de la feria, también adjudicados a dedo, y de los cuales
aún los caleños no tenemos información clara y precisa.
Y qué decir del tema del transporte masivo que parece
intocable en esta administración y en el Concejo, mientras las actuaciones al
interior de Metrocali se han vuelto un tabú para la prensa y la ciudadanía. La
solución a un asunto tan sensible como la salvación del MIO y la garantía a la
movilidad de los caleños aún no aparece.
Hemos entendido que el Concejo controla al alcalde. Pero
¿quién controla al Concejo que controla? En estos problemas de ciudad y de
gobierno es donde los concejales deben hacer valer su condición de representes
del pueblo que los eligieron y cumplir su misión institucional para defender
los intereses colectivos, por encima de los particulares que ellos puedan
tener. Pero pedir eso parece pedir mucho. Sobre todo, en una maquinaria bien
aceitada que funciona como un reloj cuando de darle la hora al dueño de su
tiempo en el poder se trata.
CALI24HORAS Marzo 17 de 2021
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