Por debajo de la mesa

 

Por Luiyith Melo García

El martes, un grupo de jóvenes de la primera línea llegó a Ciudad 2000 a ubicarse en el polideportivo del barrio, en cumplimiento de unos presuntos acuerdos hechos con la Alcaldía durante el bloqueo al que sometieron la ciudad entre mayo y junio pasados. Los vecinos, que habían sido advertidos, montaron un muro humano para evitar la toma de su espacio recreativo y, enardecidos, rechazaron el acuerdo del alcalde con los muchachos para disponer de un bien de la comunidad sin contar con ella.

Por fortuna el episodio no pasó a mayores. Los muchachos de la Resistencia entendieron la molestia de la gente y la falta de claridad del Gobierno con el que pactaron la ocupación de ese espacio púbico, dizque por 12 días para sus encuentros como lo venían haciendo en la estación Univalle del MÍO. Se fueron con su resistencia para otra parte y hoy no se sabe adónde irán, porque tampoco fueron bien llegados a otros barrios donde antes intentaron instalarse.

Lo que quedó en evidencia es que, en efecto, la Alcaldía negoció con ellos cosas de las cuales la ciudad no tiene conocimiento, pero que, claramente, la comprometen. Ya desde el Concejo nos habían advertido que había 166 pactos suscritos con la llamada ‘primera línea’ y, pese a las precisiones solicitadas a la Administración sobre qué fue lo que se negoció, los funcionarios no han querido revelar los términos de los acuerdos.

Se han limitado a decir que hay 4 líneas de acuerdos que tienen que ver con “asistencia alimentaria, salud, empleabilidad y fortalecimiento de procesos sociales”. Y que ese ‘plan de emergencia’ costaría $130.000 millones.

Hasta hoy no sabemos, con claridad, a quiénes van dirigidos los beneficios de esos pactos, qué tan amplios o cerrados son, cuál es su alcance en cobertura y tiempo, el origen y destinación de sus recursos, la forma en que se harán efectivos y a cambio de qué, porque un acuerdo implica compromisos de las partes involucradas.

Tantos pactos realizados (166, como dicen) empiezan a despertar sospechas. Por qué no un acuerdo general con los jóvenes por encima de la mesa, o un número reducido que responda a una lógica racional. Esa operación avispa de pactos suscritos quién sabe con quién, no dejan de despertar sospechas en una época preelectoral como la actual. Y, más aún, viniendo de una Administración difusa en sus procesos contractuales que parece tener candidatos propios para los próximos comicios parlamentarios.

De hecho, con la malicia indígena que nos caracteriza, la comunidad de Ciudad 2000 expresó su temor de que los jóvenes que llegaron a pernoctar esta semana se quedaran hasta marzo del próximo año, justo coincidiendo con las elecciones de Congreso. Y estas especulaciones se alimentan precisamente de la falta de claridad en los pactos firmados con la ‘primera línea’ por debajo de la mesa.

No está mal que cualquier ciudadano tenga aspiraciones políticas, porque es un derecho constitucional en Colombia. Lo que está mal es que se haga a expensas de los recursos del Estado y el aprovechamiento indebido de las decisiones gubernamentales. Y esa claridad se la debe el alcalde a la ciudad.

Con lo ocurrido, es evidente que la ‘primera línea’ no goza precisamente de la simpatía de los caleños por los trágicos hechos que se presentaron durante el paro. Se sabe que la protesta fue infiltrada por delincuentes, por grupos armados al margen de la ley con agendas diferentes, pero no parecieron haber hecho lo suficiente para impedirlo.

Lo cierto es que más allá del estallido social que la arropa, a estas alturas no sabemos todavía claramente qué es la ‘primera línea’, ni quiénes son. Al parecer entre ellos mismos tampoco saben bien quiénes son por sus capuchas y mucho tememos que estén instrumentalizados por fuerzas oscuras.

Lo grave de todo esto es la posición que ha asumido la Alcaldía. So pretexto del diálogo dejó de actuar en las circunstancias en que debió hacerlo como corresponde y se dejó medir el aceite. Y con las señales que estamos teniendo crece la sospecha de la agenda política que manejó en esos acontecimientos y negociaciones.

Más grave aún es que esta forma confusa de actuar de la Alcaldía termine enfrentando a la propia comunidad, como ocurrió con la gente de Ciudad 2000, que de manera legítima sale a defender su espacio público, deportivo y recreativo.

El diálogo y la concertación no son exclusivos ni excluyentes. Son con todo Cali. ¿Por qué no se le informó a la ciudad de los acuerdos, por qué no se convocó a los caleños a una gran mesa municipal para ventilar las salidas a un conflicto que nos implicó a todos?

El concepto de democracia de la Alcaldía es bastante peculiar y su opción por lo social, también. ¿Por qué no se ponen las cartas sobre la mesa en vez de negociar por debajo de ella? ¿Por qué no se miran las necesidades de la ciudad en su conjunto y se generan políticas públicas e inversiones para todos? ¿Por qué no se refleja ese pacto social de la inversión en el plan de desarrollo que no se ha querido ajustar?

La desproporcionalidad, los excesos y las víctimas del pasado levantamiento son reprochables, vengan de un lado o de otro y deben esclarecerse. Y las legítimas reclamaciones de la gente deben atenderse. Pero Cali no puede sucumbir bajo la mano confusa e indecisa de un alcalde que despliega una agenda propia totalmente alejada de los intereses de la ciudad.

 

CALI24HORAS, julio 29 de 2021