De nuevo el conflicto

 Por Luiyith Melo García

 Lo peor que le podría pasar a Colombia es la reactivación de un conflicto armado a gran escala con la guerrilla o grupos al margen de la ley. Pero ese parece ser el camino que estamos empezando a recorrer de nuevo. Las cifras reveladas en las últimas horas por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, dan cuenta que el conflicto armado en el país se está recrudeciendo después del acuerdo de Paz de 2016.

Cinco años después, en 2021, en 12 zonas del país se registró un aumento de hostilidades con presencia de grupos armados y en situaciones que sobrepasan los estándares internacionales de conflicto armado interno, según el informe.

Hubo 228 combates y 329 muertos violentas por cuenta de ese conflicto, incluidos 24 civiles. Ocurrieron 93 masacres y 146 desplazamientos masivos de personas de sus territorios. Un desarrollo más amplio de este trágico balance lo llevamos en la edición de hoy del diario CALI 24 HORAS.

Entre las zonas ‘rojas’ de este recrudecimiento del conflicto figura el Valle del Cauca, y el resto del suroccidente colombiano. Aquí no más en las goteras de Cali se están dando bala o se generan hostigamientos, desplazamientos forzados, reclutamientos de menores, extorsiones y todas las demás prácticas perversas de un conflicto irregular como el que vivimos.

El bajo Calima, el norte del Cauca a 30 kilómetros de Cali, el sur de Valle del Cauca y todo el litoral Pacífico hacen parte de esa docena de zonas geográficas donde se han incrementado las hostilidades por parte de los grupos armados.

Lo que quiere decir ni más ni menos que Cali vuelve a tener la guerra en sus orillas, si es que ya no está adentro con los actos terroristas propiciados por el ELN que parece tener milicias urbanas encargadas de sembrar el terrorismo o de “urbanizar la guerra” como dijo hace poco un analista.

Algo muy grave, no solo por el hecho de que la ciudad termine implicada en el conflicto, que no tiene nada de extraño, sino por el recrudecimiento mismo del conflicto que podría escalar de hechos aislados a un conflicto general y nos llevaría a revivir la historia de una dinámica atroz de terror, muerte, inseguridad y zozobra que vivimos con las FARC durante 60 años antes del Acuerdo de Paz.

Ya el ELN tiene presencia en 294 municipios del país, las disidencias guerrilleras coordinadas por ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordisco’ muestran 28 frentes o columnas móviles, y el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia hace presencia en el 20 % del territorio nacional, según el informe de la JEP.

Así que claramente la amenaza de un conflicto armado y generalizado a gran escala se sigue abriendo paso en Colombia. ¿A quién le conviene esto? Lo grave es que avanza en medio de la indiferencia de nuestras autoridades que tratan de minimizarlo y no hacen lo suficiente por desactivarlo de raíz. También de la indiferencia de un país que, aunque padece la inseguridad ciudadana, no tiene la guerra en sus barrios y ciudades como sí ocurre en la periferia del país y la zona rural.

Probablemente el nuevo conflicto sea peor que el anterior que tratamos de superar con las FARC por las nuevas condiciones en que se podría presentar. No solo alentado por una motivación ideológica, la visión de un modelo social y económico como el que inspiró el anterior, sino por nuevos factores que amenazan la supervivencia misma de mucha gente marginada, desarraigada y sin empleo, y la presencia de una economía ilegal que busca imponerse a toda costa como el narcotráfico.

Una cosa es la delincuencia común que desafía la autoridad y el orden establecido. Otra la delincuencia organizada con poder de fuego y poder de económico y político. Y otra cosa es un pueblo arrinconado y con hambre que puede estallar porque no tiene más que perder. Y que podría alimentar los dos fenómenos anteriores.

Allí están los factores de la tormenta perfecta que han identificado algunos analistas para encender el nuevo conflicto. Y lo tenemos a las puertas de Cali. En el Valle, en el norte del Cauca

Recordemos como empezaron las FARC, con un grupo de campesinos revelados en Marquetalia y a donde escalaron con la ideología marxista - leninista (y el combustible del narcotráfico) de la cual se convirtió en su brazo armado.

Hoy nos percatamos que el modelo no funcionó como se pregonaba, pero ello no quiere decir que el problema se haya resuelto y que las causas que dieron lugar a ese doloroso experimento bélico y sociopolítico hayan desaparecido.

Lo que está pasando en Buenaventura y el norte del Cauca merecen la urgente intervención del gobierno. No solo con la fuerza pública como ha sido el estilo de este gobierno, porque las armas aplacan a los bandidos o los sublevados, pero no resuelven los problemas sociales, el hambre, la pobreza y la marginalidad de los grupos humanos.

Hay que penetrar más adentro. No quedarse con los planes elaborados en los escritorios bogotanos que imponen soluciones inaplicables para los diferentes problemas de un país diverso como el nuestro. Hay que ir a esas comunidades y, por ejemplo, resolver el problema de la invasión indígena a los territorios con el prurito de que ancestralmente fueron de ellos, porque de esta manera no puede haber inclusión. Tampoco economía ya que las unidades productivas agrícolas se destruyen, se pierden los empleos y la tierra queda ociosa, sin carreteras para sacar la cosecha, sin incentivos a la producción y comercialización, sin tecnología. Y la gente desempleada.

Y en Buenaventura hay que hacer más. No solo derrotar a los Shotas, la Local y demás bandas que se disputan el territorio, sino que debe entrar la fuerza del Estado con todos sus bienes públicos, inversiones y apoyos para derrotar una marginalidad que es fácil presa del delito y repite el círculo de pobreza y violencia que hoy tenemos.

¿Será que los agentes de la corrupción estatal y la indiferencia de país que muestra nuestra burocracia gubernamental se dignan revisarse y entender que el riesgo es de todos y hay que actuar ya?