¿Y dónde está el alcalde?

 

Por Luiyith Melo García

En paro estamos todos, casi que en paro cardiaco. Bloqueados hasta el alma porque no sabemos para dónde pegar no solo en la vía, sino en la vida misma. La vida se nos volvió un grito en el vacío o un silencio sin eco, sin economía que aguante. La ciudad es nuestra cárcel en medio de tanto desorden urbano; si salimos, no sabemos en qué momento nos toca un retén extorsivo para poder circular. Y aunque llegan más víveres, así sean caros, la destrucción de empresas, de producción y de empleos nos llena de una profunda incertidumbre.

La culpa no es de la protesta, como se pudiera pensar. La culpa presente (para no hurgar en la historia de las culpas) es de los circuitos de delincuencia que se aprovechan de ella para desplegar su dinámica de violencia con propósitos diversos: la guerrilla urbana con su quimera socialista, y el narcotráfico con la expansión de su perverso negocio.

Y es que detrás de la destrucción aparente que empaña la genuina protesta de los jóvenes y los inconformes que piden oportunidades, atención a sus necesidades y un mejor país, hay una compleja trama de intereses que pugnan por sacar provecho de la movilización ciudadana y lo que están haciendo es enredarnos más la realidad.

Que las bandas delictivas, la guerrilla y los narcos quieran aprovecharse del estallido social para pescar en río revuelto como lo están haciendo, no resulta extraño. Lo que si extraña y resulta inadmisible es que los gobernantes que administran el Estado y representan legítimamente esta sociedad no hagan lo suficiente para evitarlo. Incluso, con su ausencia deliberada lo propician y nos dejan en la orfandad.

Eso es lo que estamos percibiendo en Cali con la ausencia del alcalde en los difíciles momentos que nos ha tocado vivir en el último mes. Ese alcalde, que hasta hace poco salía a los barrios a pelear contra el covid en una guerra declarada a la pandemia, no se vio ahora en la pelea por la defensa de sus ciudadanos. Parecía un gobernante superado por las circunstancias y por sus propias concepciones, enfrentado al dilema de hacer y no hacer que le dictaban la una y la otra. Anulado en su capacidad de maniobra.

Eso lo que reflejó fue su falta de autoridad. Una ausencia de gobernante que rápidamente empezó a ser aprovechada por las fuerzas oscuras que medran tras la legítima protesta. Por eso, hoy en cualquier parte aparecen tres muchachos, cierran las vías, ponen un retén urbano para bloquear la movilidad y cobrarle a la gente por pasar, y no aparece ninguna autoridad a poner orden. Al menos, dos muertos ha puesto esta práctica reprochable.

En vez de recuperar el sistema de transporte masivo MIO que tanto le ha costado la ciudad y es el sistema legal, lo que hace el alcalde es traer otra vez los buses de más de 20 años del obsoleto sistema de Transporte Público Colectivo, TPC, para que presten el servicio. Mientras en los patios hay 800 buses del MÍO esperando trabajar. Antes que recuperar la infraestructura vandalizada para que el MIO opere, el alcalde revive un muerto como el TPC. Es decir, desde su dignidad de gobernante está promoviendo la anarquía y el desorden.

En su cuenta de Twitter Ospina dice que las invasiones no pasarán, y la realidad desborda sus anuncios mediáticos. Cada día hordas de personas (seguramente muchos necesitados, pero manipulados por delincuentes) se toman predios públicos y privados, talan bosques, rompen líneas establecidas y empiezan a montar cambuches. Le ha tocado a la misma comunidad en Golondrinas y en Cristo Rey envalentonarse y salir con su rabia en la defensa de su entorno a riesgo de sufrir los ataques de los invasores.

Y tenemos entre manos la reactivación económica de la ciudad, el apoyo a los pequeños empresarios que lo han perdido todo en la pandemia y ahora en el paro. La recuperación del empleo de miles de personas afectadas por lo mismo. Pero en ese empeño también la administración ha sido timorata, dilató la solución. Después de tanta presión social salió con un tibio plan de reactivación sin mayores incentivos y se ideó un Fondo Solidario de $30 mil millones que no le hacen mella a miles y miles de empresarios quebrados y 180 mil empleos aún por recuperar.

Entre tanto, los $650 mil millones de un polémico crédito autorizado para llenar de más cemento la ciudad y obras faraónicas que ya no caben en la realidad actual, siguen amarrados cuando podrían dar una mano a esa reactivación.

Lo peor con el Fondo Solidario creado es la sospecha que recae sobre su manejo. Sus propios aliados políticos temen que vaya a financiar la campaña política de su hermano, como lo estaría haciendo con la contratación de personal y servicios en Emcali, tal cual lo denunció hace poco en esta ciudad el presidente de la CUT, Francisco Maltez, quien reconoció arrepentido que el gremio sindical acompañó su campaña. Por esa desconfianza de uso le han pedido alcalde la rápida y detallada reglamentación del Fondo Solidario.

Pero, ¿qué es lo que hay detrás de la conducta omisiva, permisiva y cómplice de la administración en esta coyuntura? Porque su proceder no es casual, ni siquiera de ineptitud como lo han señado algunos. El mandatario sabe lo que está haciendo y hacia dónde va, pero parece estar al servicio de un proyecto político extremo que pasa por la destrucción de lo establecido. Estamos de acuerdo con que hay que cambiar el ominoso estado de cosas, pero no a costa de destruir el patrimonio común y la vida y derechos de los ciudadanos.

Esa vieja estrategia de extrema izquierda de que solo es posible construir destruyendo, no es el camino. Es posible construir algo mejor sobre lo construido. Lo peor es que la gente ya no le cree como lo demuestra esta semana la encuesta de Invamer, donde el 74 % de los caleños está descontento con su gestión. Es necesario que el alcalde ejerza sus funciones constitucionales como corresponde, porque esta ciudad se le salió de las manos.

CALI24HORAS, mayo 27 de 2021