Para verdades el tiempo

 

Por Luiyith Melo García

 Se empiezan a conocer verdades de la dinámica de violencia que acompañó el estallido social de los jóvenes en Cali el pasado 28 de abril y durante los 50 días siguientes. Tal como lo sospechamos y lo advertimos desde un principio, fuerzas oscuras con intereses perversos habrían infiltrado la protesta social, se la tomaron y ejercieron su maquiavélico poder en la ciudad por unas semanas, no solo bajo la tolerancia de las autoridades locales, sino con el respaldo económico y logístico de la delincuencia. 

Ayer el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, confirmó que alias El Paisa, uno de los principales líderes de las disidencias de las Farc denominada 'Segunda Marquetalia', ayudó a financiar los bloqueos y movilizaciones violentas que aterrorizaron a Cali entre mayo y junio pasados so pretexto de acompañar el paro nacional. 

No sé si nos sorprendió o no la declaración del general Vargas cuando dijo que “alias El Paisa, con información de Iván Márquez, envió más de $50 millones en su momento a Cali para financiar varias de las líneas". Sobre todo, para la ‘primera línea’ que tuvo tanto protagonismo en los tristemente célebres disturbios. 

Nada de extrañar. Cuando uno se preguntaba a quién le podía interesar este desmadre de la protesta e imponer la anarquía, sembrando el miedo en los ciudadanos y desafiando a la Fuerza Pública, tenía que mirar necesariamente hacia el lado de los grupos subversivos aún alzados en armas. Es parte de su repertorio de lucha y tienen cómo hacerlo. 

“Desde el 28 de abril tenemos evidencia clara del financiamiento de las ‘primeras líneas’ provenientes del ELN y de las disidencias de las FARC de alias Iván Márquez, ‘El Paisa’, Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, y el frente de Guerra Nacional del ELN, enviando dinero para que se cometan este tipo de actos delincuenciales”, confirmó el alto oficial. 

Pero no solo la guerrilla disidente habría participado en esta ‘pesca tenebrosa’ de violencia y terror en la ciudad. El mismo general Vargas reveló que otras fuerzas oscuras aprovecharon para atizar el fuego de esta hoguera y sacar provecho de ella: “tuvimos información de organizaciones de tráfico local de estupefacientes financiando esos bloqueos, esas obstrucciones a las vías que se presentaron en la ciudad en cinco puntos”. 

En Cali, al menos, la Fuerza Pública se demoró en actuar frente a las vías de hecho que sitiaron la ciudad y a sus habitantes; por eso hubo angustia en la gente que reclamaba protección. Y cuando actuaron tal vez hubo algunos excesos. Sin embargo, la interpretación que ofreció la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, en su informe del 30 de julio pasado es que “las autoridades colombianas violaron los derechos humanos de quienes se manifestaban pacíficamente en Cali, haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza con el objetivo de desarticularlas”. 

Todavía nos estamos preguntando, por ejemplo, ¿por qué la dinámica de violencia se ensañó de manera específica en acabar con el Sistema de Transporte Masivo, MÍO?, ¿a quién le puede interesar su destrucción? Pero, además, ¿distraer la Policía, el Ejército y todas las autoridades en las revueltas callejeras para abrirles otros espacios urbanos y suburbanos no controlados?, ¿a quién? 

Aquí todavía hay mucho que investigar para armar el mapa completo de la dinámica terrorista que se desplegó en Cali e identificar a sus responsables.

Como si lo dicho fuera poco y para que no quedara lugar a dudas, ayer mismo un joven bogotano que se identificó como Julián dijo en cámara, tras ser aprehendido, que le pagaron $70.000 para que hiciera parte de las manifestaciones violentas: “uno piensa que atacando policías, como son funcionarios del Gobierno, pues esto va a cambiar”, dijo el joven, quien además confesó que “uno piensa que esto es de ideales”.

¿De dónde venían esos $70.000 que dicen también que se pagaron a muchos muchachos en Cali como sueldo diario para mantener la resistencia?

 No es el caso, por supuesto, de todos los jóvenes del estallido social. Muchos como quiso pensar Julián, protestaron por ideales, por necesidad, por la urgencia de un cambio social que los incluya en este país y en sus oportunidades. Pero, otros más fueron instrumentalizados, se aprovecharon precisamente de su vulnerabilidad y de sus afugias de supervivencia. 

Estos protestantes auténticos son los que deben seguir el camino legítimo de los reclamos al Gobierno. Deben buscar mejores instrumentos para hacerse sentir e incluir y existen mecanismos de participación de los que pueden echar mano. La consulta popular que ha venido proponiendo a los jóvenes el exprocurador Fernando Carrillo para cambiar las cosas por donde se debe, como lo hizo él y un puñado de estudiantes con la séptima papeleta que dio origen a la Constitución de 1991, es uno de esos caminos.

Lo ocurrido en Cali, como lo advertimos en su momento, fue un laboratorio de violencia desplegado por la suma de fuerzas delincuenciales que buscaron sacar provecho y ganar espacios para sus negocios o propósitos perversos, y así lo van demostrando las investigaciones. Nos queda la lección aprendida. Ojalá que los jóvenes del estallido auténtico también la aprendan y tomen el camino legítimo de la democracia para cambiar las cosas, ahora que tienen la atención de todos, incluido el Gobierno.

CALI24HORAS, agosto 11 de 2021