El empleo no da espera
Por Luiyith Melo García
Como si algo le faltara a la tragicomedia que vivió Cali durante los
últimos dos meses, ayer el DANE reportó que 54 mil caleños perdieron su empleo durante
el sitio a que fue sometida la ciudad por cuenta de los bloqueos y la dura arremetida
del vandalismo, que provocó la mayor destrucción que hayamos sufrido aquí en lo
que va del nuevo siglo.
La noticia de la destrucción de empleo y desarrollo era previsible y
ayer la confirmó el Departamento Nacional de Estadística. El desempleo que en
abril pasado era del 19,9 % un mes después subió a 24,3 %, un desmesurado
incremento en tan corto tiempo que pone de presente el grado de desplome de la
ciudad.
Lo peor es que fue la única de las cinco principales ciudades del país
que aumentó el nivel de desocupación, porque claramente Cali fue el epicentro
del estallido social y el vandalismo en mayo cuando se hizo la medición. El
efecto es que hoy en la ciudad hay 337.000 ciudadanos sin empleo, cuando en
abril pasado eran 283.000.
El impacto del bloqueo fue el equivalente a la pérdida de dos semanas de
producción, según el análisis de la Cámara de Comercio de Cali, y eso
corresponde ni más ni menos que a 4 billones de pesos. Un golpe brutal para
nuestra economía. Por ejemplo, el consumo de energía de las empresas cayó 44 %
en mayo cuando en abril había caído 27 %, lo que muestra la manera como se vino
abajo la producción. No había insumos suficientes, así como escaseaban los
alimentos.
Evidentemente, la mirada frente a lo que sucedió en los últimos 60 días
en Cali debe ser más amplia y no solo circunscrita al impacto muy grave que
generó en la economía. En efecto, también están los impactos urbanos, social, emocional,
sicológico y político del estallido y sus daños colaterales. Lo que ocurre es
que cuando hay inactividad el primero que sufre es el estómago, se afecta la
producción, el empleo y los ingresos de la gente.
Aunque el impacto positivo de los bloqueos se pueda medir por el
cumplimiento de objetivos políticos que persigue, el costo económico que pagan
las empresas y la sociedad, y que se ve como un daño colateral, es lo primero que
se siente.
Evaluar ahora el impacto político del levantamiento social aún no es
claro, porque no hay suficientes elementos de medición para establecer
resultados. Si se mira por la caída de las reformas tributaria y a la salud, se
podría decir que los hubo. Pero como luego de la caída de esas reformas la
protesta prosiguió con propósitos disímiles, más amplios y a veces poco claros,
pues los resultados aún están por verse.
Ahora, en relación con el impacto económico que es lo que se evidencia y
se puede medir a corto plazo, los resultados se están viendo ya, con el nutrido
ejército de desempleados, la ruina de pequeñas empresas, y la destrucción de
puestos de trabajo en medianas y grandes empresas.
El desafío que le queda a la ciudad y su tejido empresarial es lograr
recuperar los empleos perdidos y la dinámica económica. Claro que para lograrlo
es necesario que se recupere la actividad productiva de las empresas, pero
también los bienes públicos como el sistema de transporte masivo que quedó
destrozado, la movilidad de las personas, la dinámica social que también da
vida al empleo informal, y que se generen desde el Estado condiciones para revivir
los negocios moribundos que en Cali son el andamio de nuestra economía de
servicios. La que más ingresos genera.
Por eso aún no se entiende cómo el Fondo Solidario creado por la
Alcaldía no se acelera, cómo los apoyos no llegan pronto a quienes debe llegar.
Cómo las pequeñas y grandes obras públicas llamadas a generar empleo rápido en
esta coyuntura no gozan del impulso y energía que se le imprimió a la figura de
la urgencia manifiesta del municipio para contratar directamente durante estos meses
de emergencia. De esa contratación aún no tenemos noticia.
Levantarnos del golpe brutal de estos dos meses no va a ser fácil ni rápido.
Nos va a tomar más tiempo que al resto del país porque aquí el daño fue mayor. Pero
hay que empezar pronto, y si es necesaria la ayuda nacional e internacional y agilizar
aquí los mecanismos contractuales para lograrlo, hay que hacerlo siempre que se
tramiten sobre la mesa y bajo la más absoluta transparencia. Pero los más de
300 mil ciudadanos que andan como zombis buscando en qué emplearse para
sobrevivir no dan espera.
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