Si la sal se corrompe…

 

Por: Luiyith Melo García.

 

El desgreño y la corrupción estatal que nos ofrece nuestra realidad superan cada vez más la imaginación. No terminamos de sorprendernos con una novela de timadores del erario cuando aparece la siguiente con una trama tanto o más sorprendente que la anterior.

Veníamos de una larga historia de juegos dudosos con la licitación y contratación de los puntos de wifi del Mintic con el consorcio Centros Poblados, donde ocurrió de todo: desde empresas inexpertas contratadas con asesores de dudosa reputación -pese a las oportunas advertencias- hasta pólizas bancarias falsas que terminaron por no respaldar la pérdida de $70.000 millones dados como anticipo en un jugoso contrato de $1,2 billones por el Ministerio de las TIC.

La ministra Karen Abudinen terminó renunciando por la presión política y mediática -aunque no se quería ir- pero sus actuaciones dudosas siguen intactas y a la espera de lo que puedan decidir los órganos judiciales y de control.

Esa novela no se cierra, cuando se abre otro capítulo de otra tragicomedia protagonizada por el exsenador Ríchard Aguilar y el país se sorprende esta semana con las declaraciones en cámara de televisión, de un par de esposos que le sirvieron de cómplices en los millonarios negociados que hizo cuando fue gobernador de Santander.

Videos muestran bultos de billetes que serían parte del pago de las coimas pactadas con los contratistas al mandatario y funcionarios implicados en ese carrusel de corrupción, mientras los esposos arrepentidos cuentan la manera en que direccionaban los contratos y disponían las comisiones, y cómo en todos ellos iba el ‘director de orquesta’ con por lo menos el 10 %.

Pasamos a la parroquia y el alcalde de Jamundí nos sorprendió esta semana denunciando otro supuesto hecho de corrupción dentro de su propia administración: la pérdida de 969 dosis de vacunas del Hospital Piloto del municipio. El hecho se habría detectado el pasado 14 de julio, pero apenas lo hizo público esta semana, en una especie de contraataque contra quienes denominó “detractores” de su gobierno y en un afán por evitar que “se aprovechen de lo más importante para nosotros”, según dijo. Uno entendería que de otra manera no habría hecho pública la denuncia.

Ayer, vivimos otro capítulo de esta novela de desgreño y aprovechamiento del erario con la denuncia que hizo el abogado Élmer Montaña contra el personero de Cali Hárold Cortés quien, en medio de la pandemia y la urgencia de recursos para atender la emergencia de tanta gente enferma, desempleada y con hambre, habría hecho una suntuosa compra de equipos de oficina por $1.663.892.340 para remodelar su dependencia, incluida una silla imperial de $2.550.000.

Carísimos equipos de cómputo de última generación, tabletas, cámaras, lentes, portátiles, impresoras, un televisor de 85 pulgadas y una larga lista de implementos aparecen en la factura de compra.

Se entiende que las oficinas deben estar dotadas de herramientas para su funcionamiento. Pero además de la compra aparentemente inoportuna del personero, la denuncia de Montaña apunta a que los precios de la factura y los del almacén no cuadran. Y que en esa operación habría un sobrecosto del orden de los $400 millones.

Más aún, por qué se utiliza una entidad pública como la Imprenta Departamental como intermediaria para la compra, cuando es bien sabido el costo de intermediación que eso implica. ¿O es que hay otro negocio de por medio?

El personero no compra de manera eficiente y parece seguir el ejemplo de sus vigilados en la Administración central que montan convenios interadministrativos para evadir licitaciones públicas y hacer contratos a su amaño, caminando por el filo de la ley y sin mayor asomo de transparencia en esos negocios.

De hecho, ahora mismo cursa en el Concejo un proyecto de acuerdo para darle facultades amplias a la Empresa de Renovación Urbana, EMRU, que cambiará de nombre para ampliar el margen de maniobra de sus negocios como se hizo con la ampliación del objeto social de Emcali el año pasado.

El problema es que si un órgano como la Personería que representa el Ministerio Público, encargado de la defensa de los derechos humanos y con la función de promover la acción de la justicia, defender la legalidad y los intereses del Estado y la sociedad, se comporta como derrochón, qué se puede esperar de los demás funcionarios. Con qué autoridad moral puede controlarlos, vigilarlos y sancionarlos si el mal ejemplo entra por casa.

¿Cuándo terminaremos de recorrer una y otra vez ‘La historia interminable’ que parece ir en sentido inverso como en la novela de Michael Ende? ¿O acaso debemos seguir padeciendo el infierno de la corrupción antes de alcanzar el paraíso, como en ‘La Divina Comedia’ de Dante?

¿Qué podemos esperar los ciudadanos si quienes tienen el deber de defender nuestros derechos y patrimonio público se dedican a esquilmarlo? Como en el pasaje bíblico: si la sal se corrompe, entonces se corrompe el mundo.

CALI24HORAS, septiembre 16 de 2021