La recuperación del patrimonio público
Por Luiyith Melo García
“Yo
me quedé muy sorprendido porque es el primer rico – rico que dice que eso (el
territorio) es de los pobres, que él devuelve todo”, me contó Borrero aún emocionado.
El señor López está por los 87 años y al parecer quiso tener en vida este gesto
humano con la ciudad.
Esos
eran baldíos nacionales en el corregimiento de Golondrinas y dice Borrero que
los habían usurpado los antepasados del señor López, quien tenía título de
propiedad desde 1858. Uno de los herederos, el hijo mayor de don Benito, llamó
ayer a Claudio a anunciarle la buena nueva de pascua, de ceder terrenos en
Bataclán y zonas vecinas, a los cuales les han hecho repetidos operativos para
desalojarlos.
Este gesto humano, sin embargo, no es casual.
Tiene que ver con la manera como se está desenredando la madeja de la ocupación
ejidal en Cali y en el país. Borrero
luchó durante muchos años, toda su vida, por la defensa de ese patrimonio
público enajenado, incluso a costa del rechazo de su familia que lleva uno de
los apellidos ilustres de Cali y hace parte de su historia y su poder
económico.
El
fallo a favor de la recuperación de los territorios ejidales de la ciudad a lo
largo de la loma salió hace seis años y medio, pero esta es la hora que no se
cumple. Cuenta Borrero que el Consejo de Estado envió el proceso a la Justicia
Penal y la Unidad de Tierras acogió por orden del presidente Duque, un derecho
de petición para revelar el censo de ocupación predial, y mostrar cuántos
millones de metros cuadrados tienen los terratenientes y cuántos los
minifundistas, todos los cuales están dentro del lindero del parque nacional de
los Farallones y la zona de reserva forestal.
La
decisión de don Benito, por supuesto, la facilitó una reciente ley de la
república. La Ley 2044 de 2020, sancionada por el presidente, para titularles predios
a los pobres en los ejidos urbanos y rurales gratuitamente como patrimonio de
la familia. El objetivo de lay es “sanear
de manera definitiva la propiedad de los asentamientos humanos ilegales
consolidados y precarios en bienes baldíos urbanos, bienes fiscales titulables
y los que existan en predios de propiedad legítima a favor de particulares,
cuya ocupación o posesión sea mayor de 10 años”.
De
manera que ahora queda expedito el camino de la titulación a miles de familias
que han vivido toda la vida en esos predios sin título de propiedad. Como
vivienda y pequeña área productiva de supervivencia, no como latifundios.
Se
estima que en Cali hay 186.000 familias habitando ejidos urbanos y otras 34.000
en la parte rural. Es decir, 220.000 potenciales beneficiarios de la titulación
legal del Estado a sus predios y de forma gratuita.
En
la montaña también quedarían beneficiados con títulos de propiedad “los
minifundistas que tienen entre 70 y 300 metros cuadrados de tierra, como para
un rancho y un gallinero, no los latifundistas dueños de millones de metros
cuadrados de predios usurpados al Estado”, según Borrero.
El
asunto más complicado es que estos grandes propietarios, como don Benito López,
presentan título de propiedad de esos predios de hace muchos años, quizá
siglos. No se sabe cómo. Pero lo cierto es que a mediados del siglo pasado toda
esa falda de la cordillera occidental caleña fue cedida por los expresidentes
Eduardo Santos y Mariano Ospina Pérez al municipio de Cali, de manera gratuita
y a perpetuidad, mediante escritura pública.
Los
baldíos los recibió -recuerda Claudio Borrero- el entonces alcalde José Vicente
Borrero Velasco, y el personero Sergio Rivas Rentería hizo el trámite
respectivo como último personero representante de un municipio colombiano. Ocurrió
en febrero de 1961 con escrituras y planimetría. Rivas aún vive y es un
venerable señor de 98 años, en plena lucidez.
Sin
embargo, hoy, pese a la promulgación de la ley de saneamiento de asentamientos
ilegales y el gesto que ha tenido el señor Benito López de ceder la gran
hacienda de Golondrinas a sus ocupantes para que les sean titulados sus
predios, el actual alcalde de la ciudad no se pronuncia sobre el tema. No ha
querido hablar de él y seguramente no lo hará.
Es
claro que la ciudad tiene un grave problema de invasiones que debe resolver.
Que muchas áreas de protección de los farallones y la reserva forestal deben
protegerse y defenderse por la autoridad municipal. Pero las ocupaciones que
pueda resolver con sujeción a la ley, el mandatario debería hacerlo y cerrar el
cerco a los advenedizos que una y otra vez tratan de usurpar el patrimonio
público de la ciudad.
CALI24HORAS
Abril 7 de 2021
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