La cultura de la autoridad

 

Por Luiyith Melo García

“Las órdenes se cumplen o se acaba la milicia”, dicen en el Ejército, para significar la majestad de la autoridad y el respeto a la misma. En el fondo lo que hay es un llamado al orden y un sentido funcional de la institucionalidad.

En el hogar se entiende bien este principio. Si los hijos no siguen la instrucción de los padres y hacen lo que les viene en gana -ni siquiera conciertan-, el respeto y guía en el hogar se acaban. Y lo mismo pasa en la escuela, donde el principio de autoridad está en los maestros para que el plan educativo y la institucionalidad funcionen.

Ocurre también en las empresas que tienen una estructura organizacional definida, con mapas jerárquicos, de funciones y procesos definidos, que son los que garantizan que las tareas a su interior se cumplan y todo funcione como debe ser.

En las ciudades la autoridad está en el alcalde, en primer lugar, y luego en las instituciones a las que se les han delegado funciones de autoridad en sus respectivas áreas: justicia, seguridad, movilidad, salud, entre otras, en cabeza de fiscales, jueces, policías, agentes de tránsito, secretarios de salud, etc.

La autoridad en nuestra sociedad deriva de la democracia representativa; es decir, del voto del pueblo que les ha dado un mandato a los gobernantes para gobernar. Para procurar el bienestar de todos y hacer cumplir la ley y la Constitución que han sido hechas precisamente para mantener la justicia y el orden.

Es el contrato social. La fuerza de la voluntad general depositada en un gobernante para hacerla cumplir en beneficio de todos, porque, de lo contrario, cada quien haría lo que quisiera y cundiría la anarquía. El estado bárbaro.

Si el gobierno no es consciente de ese mandato legítimo y popular, no lo acata o abusa de él, se pierde el orden social y la justicia, y entonces emergen comportamientos primarios de desobediencia, desafío o transgresión como los que han ocurrido en Cali. Es decir, se pierden el respeto y la confianza, dos pilares fundamentales para el ejercicio de la autoridad legítima.

Resulta que estos elementos de la democracia y el Estado de Derecho son los que se han extraviado en nuestra ciudad, incluso en nuestro país. La falta de justicia y equidad en el trato a la gente fue el responsable del estallido social del 28 de abril, ha estado detrás del masivo desplazamiento de los habitantes de Ituango la semana pasada, de los campesinos de Buenaventura y del Chocó desde hace varios meses, y de tantos otros desarraigos e injusticias en el país.

Esa actitud transgresora, de irrespeto y desconfianza en el Estado, también puede explicar conductas individuales de los caleños como las que hemos observado en los últimos días en el caos del Kilómetro 18 que los desadaptados han convertido en territorio de nadie.

Explica, también, la reacción esta semana en el centro de Cali de un motociclista que es capaz de agredir físicamente a un agente de tránsito -que representa la autoridad legítima en Movilidad- porque lo sanciona por no tener los documentos al día, por no cumplir la normatividad.

Se evidencia en los conductores que no tienen problema alguno en circular con sus vehículos por el carril exclusivo del MÍO, de pasarse los semáforos en rojo -o en negro hoy-, de estacionarse de pronto en cualquier vía sin importarles que interfieran el tráfico de la ciudad.

¿Qué más puede expresar la trasgresión a la autoridad que la toma de espacios públicos por jóvenes de la resistencia como ocurrió en las últimas semanas, para bloquear y armar sus dinámicas de protesta a expensas de la movilidad, la seguridad y la tranquilidad de la mayoría de los ciudadanos? Y lo justifican como una libre expresión de la democracia y de una lucha social que dizque los demás no comprendemos.

No sería extraño que ahora ese irrespeto y desconocimiento absoluto a la autoridad se haga presente este sábado cuando vuelvan los hinchas al estadio Pascual Guerrero y, en medio de la intolerancia y el fanatismo, protagonicen hechos violentos como los que ocurrieron el martes en el Campín de Bogotá.

No estoy propugnando -que se entienda bien-, por la bota militar o el autoritarismo, la imposición de la autoridad por la fuerza mediante la acción coercitiva o violenta de la Policía y el Ejército, que de todas maneras están instituidos para preservar el orden cuando sea necesario. No. Estoy hablando de la autoridad como cultura de la democracia que emana del ejercicio legítimo del gobierno, de la educación, del convencimiento y respeto de los derechos, y del cumplimiento de los deberes individuales y colectivos.

Pero cuando la gente ve que tiene un gobierno corrupto, que no atiende las prioridades de inversión, que no se preocupa por ellos y ni siquiera respeta los principios de transparencia y publicidad de la contratación pública, pues siente que no hay razón para actuar de manera diferente y, entonces, cunde el mal ejemplo y replica comportamientos similares. Es el hijo aprendiendo del mal ejemplo de sus padres.

Esa es la ‘cultura’ que los estados débiles y los gobiernos corruptos han construido en nuestra sociedad civil. La ‘cultura mafiosa’ de la que mucho se ha hablado y que consiste en pasar por encima de los demás, incluso dañándolos o eliminándolos, para conseguir los propios objetivos, porque “primero soy yo, segundo yo y tercero yo”. Con estos principios torcidos las generaciones se extravían y las sociedades se condenan al fracaso de su misión como proyecto humano y social.

Esta es la reflexión que deberían hacer nuestros gobernantes y quienes aspiran a serlo. Que el objetivo personal de poder y enriquecimiento que persiguen a corto plazo, se les devolverá como un bumerán tarde que temprano, porque no es posible navegar un yate en el barro, tener una empresa sana en una sociedad enferma y gobernar para siempre esquilmando los recursos de todos, porque el naufragio, como el de El Titán, será inexorable.

 

CALI24HORAS, agosto 5 de 2021